El desafío no es sólo bajar la inflación: es sostener el rumbo sin agotar la paciencia

El INDEC difundió la inflación de enero con el índice tradicional. El número terminó ubicándose por encima de lo que se esperaba: 2,9% frente al 2,4%–2,6% que proyectaba el mercado. Además, volvió a quedar por encima del registro de diciembre, algo que viene ocurriendo de manera repetida desde mayo del año pasado. 

La señal más alentadora estuvo, en cambio, en la inflación núcleo: a diferencia del índice general, el componente que excluye precios estacionales y regulados por el Gobierno bajó respecto del mes previo 2,6% en enero contra 3,0% en diciembre, cortando la tendencia ascendente que traía. Esta moderación abre una pausa para observar qué puede ocurrir en meses donde el componente estacional tenga menos peso. Con todo, no hay que perder de vista que los regulados —el otro gran componente del IPC y eje de la disputa reciente que derivó en la salida de Marcos Lavagna del INDEC— seguirán presionando el promedio al alza en los próximos meses.

El dato (y los que sigan) serán leídos como un termómetro de éxito o fracaso. Pero la pregunta que se escucha con más frecuencia es menos técnica y mucho más concreta: ¿para qué le sirve a la gente que el Gobierno se empeñe en llevar la inflación a cero si la economía permanece estancada, los ingresos no alcanzan y el empleo no repunta? 

La primera respuesta no es cómoda para quienes buscan atajos, pero es clara: sirve, y mucho. No porque bajar la inflación sea un objetivo “cosmético”, sino porque con inflación alta tampoco hay crecimiento sostenido. La Argentina lo prueba desde hace décadas: inflación crónica, episodios de aceleración, anclas transitorias y rebotes dejaron como resultado inversión insuficiente, crédito mínimo y una volatilidad que termina castigando siempre a los mismos: el salario real y el empleo. Si el Gobierno pretende construir bases para crecer, la desinflación no es un lujo: es una condición necesaria. Que la actividad esté débil no invalida el objetivo de reducir la inflación; más bien pone de manifiesto que la política antiinflacionaria, por sí sola y tal como está diseñada, no alcanza para reactivar.

La segunda respuesta es más conceptual. La inflación se parece a la criatura de Frankenstein: puede parecer mansa por un tiempo, incluso bajo control, pero su naturaleza es impredecible y puede desbordarse. Mantenerla viva con el argumento de que hoy no molesta tanto suele ser el inicio del problema. En un país con memoria inflacionaria, las expectativas no se consolidan con un par de buenos meses, sino con la confianza de que el régimen no se desordena frente al primer shock político, fiscal o cambiario. Por eso, aunque parte de la sociedad no perciba beneficios inmediatos, sostener el proceso de desinflación sigue siendo la prioridad número uno de cualquier programa que aspire a perdurar. Y un dato ayuda a dimensionarlo: todavía tenemos en un mes la inflación que 103 países (sobre un total de 190) registran en un año.

Ahora bien, que el objetivo sea el correcto no significa que sea ilimitado. Tan importante como sostenerlo es discutir los instrumentos. La prioridad antiinflacionaria no debe abandonarse —es la condición necesaria—, pero no da lo mismo cómo se la persigue. Un programa que pretende consolidarse no puede fijar metas sin contemplar sus costos macroeconómicos. Cuando la política monetaria se mantiene “tirante”, con tasas reales altas para sostener el ancla y contener expectativas, el crédito se encarece y el financiamiento de la producción se vuelve un obstáculo adicional en una economía ya debilitada. Se avanza un escalón en desinflación, pero se paga con menos tracción de la actividad y con un esquema más vulnerable, porque depende de sostener esa tensión por más tiempo del conveniente. Esa inconsistencia se vuelve aún más visible en el plano cambiario. Un tipo de cambio apreciado y administrado —en un contexto donde todavía persisten controles— puede ayudar a ordenar nominalmente y a ganar tiempo, pero también comprime la rentabilidad de los sectores transables, que responden con menos producción, menos empleo o menor inversión, sobre todo en ramas más expuestas a la competencia importadora.

Y ahí aparece el punto político-económico más sensible que estaba detrás de la pregunta inicial: la estabilidad no se sostiene sólo con cifras; se sostiene con respaldo social. Si la desinflación no empieza a reflejarse en una mejora perceptible del ingreso real y del empleo, la paciencia se erosiona y el acompañamiento se vuelve más condicional. Justo cuando el programa necesita consolidación, el riesgo es entrar en una zona donde se preservan metas nominales a costa de una economía real que no arranca, y donde la sociedad vuelve a preguntarse —con razón— de qué sirve una inflación más baja si no viene acompañada de recuperación.