Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención de la empresa Vicentin, en Tucumán hubo opiniones cruzadas al respecto. Como te lo habíamos comentado el pasado miércoles (aquí), la Sociedad Rural de Tucumán rechazó la medida, junto a los sectores opositores.
En las últimas horas, se supo que el mandatario nacional está buscando alternativas para evitar la expropiación de la firma debido al fuerte rechazo que causó no solo en nuestra provincia sino en diversos puntos del país. En este sentido se dio a conocer que el presidente mantendrá la intervención por 60 días y luego decidirá si es necesario que el Estado Nacional ocupe una empresa en concurso de acreedores para asegurar la soberanía alimentaria.
Debido al impacto que ha generado esta noticia, dialogamos con el economista Eduardo Robinson para saber qué efectos económicos tendrá esta medida en nuestro país.
“El principal problema que se genera a partir de la decisión del gobierno de estatizar la empresa Vicentin, es sumar inseguridad jurídica. El problema vertebral que tiene la economía argentina es la baja credibilidad, y esta medida no hace otra cosa que seguir agravando esta situación. En pleno proceso de reestructuración de la deuda y en momentos en que la economía se desploma por los efectos de la pandemia, el Gobierno envía una señal que en nada ayuda para avanzar en un programa coherente orientado a la atracción de inversiones. La economía carece de un programa de estabilización y crecimiento, independientemente de la pandemia, y no tiene rumbo. Por lo tanto, es una medida inconducente para la economía”, expresó Robinson.
Respecto a por qué existen discrepancias por la forma en que el Gobierno llevará adelante el proceso, el economista explicó que “una empresa que atraviesa un proceso de sobre endeudamiento, y convocatoria de acreedores, el Poder Ejecutivo no puede expropiar una empresa por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Eso es un problema del sector privado, que debe resolverse en ese contexto. Como mencioné anteriormente, dada la situación por la que atraviesa la economía argentina, tales como desequilibrios, baja credibilidad, pérdida creciente de competitividad, inflación de las más altas del mundo, entre otros aspectos, no es el camino para reactivar y crecer”, afirmó.
Por último, teniendo en cuenta que La Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechazó la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin a través de un comunicado donde expresó que “esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país”, Robinson coincidió con ello y dijo que “sumar inseguridad jurídica a una economía anémica de inversiones, no es lo adecuado. Basta ver la reacción que tuvieron las cotizaciones de los bonos y de las acciones en el mercado de valores del país y en el extranjero. La reacción es de confusión, de percibir que no se respetan las leyes, de que no hay un adecuado clima de negocios, ni tampoco voluntad política de hacerlo. La reestructuración de la deuda se debe a la baja credibilidad que tiene la economía, no es que está sobreendeudada, sino que es una economía estancada. En 11 años, la economía se expandió sólo un 1,2%, por debajo de lo que ha crecido la población, por eso no hay credibilidad”, subrayó.
A su vez, agregó que “el Gobierno sigue postergando la solución de los problemas de fondo, la pandemia le ayuda a continuar con este proceso de no definir un rumbo, y post pandemia tampoco lo hará. Es un gobierno que no tiene como objetivo sacar de la decadencia a la economía, sólo seguir prorrogándola”, cerró.
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