El fuerte respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la administración de Javier Milei introduce un factor inédito en la dinámica económica y política argentina. No se trata de gestos diplomáticos ni de frases protocolares: el mensaje del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, menciona con claridad la disposición a comprar bonos argentinos en dólares, otorgar créditos stand-by a través del Exchange Stabilization Fund (ESF), negociar un swap por US$ 20.000 millones con el Banco Central e incluso participar en colocaciones primarias de deuda del Tesoro.
Aún sin precisiones definitivas sobre los montos ni la forma que adoptaría esa asistencia, el contenido del mensaje sugiere que la implementación definitiva del paquete tendrá que esperar hasta después de las elecciones. Pero, su efecto inmediato ya se hizo sentir: las expectativas de una crisis terminal, que llevase a una corrección reactiva del programa, antes del 26 de octubre se desvanecieron.
Desde el punto de vista político, el impacto no es menor. El reconocimiento explícito de los logros fiscales y de desregulación por parte del Tesoro estadounidense equivale a una validación internacional del rumbo emprendido. A ello se suma el guiño hacia un conjunto de empresas norteamericanas que, según el propio comunicado, estarían dispuestas a invertir en Argentina tras las elecciones. La señal, entonces, trasciende lo financiero: es también estratégica y geopolítica y reposiciona a la Argentina en el tablero estratégico de Washington. No sólo por el apoyo al gobierno de Milei, sino por el nivel de involucramiento público, poco habitual en la política exterior norteamericana.
Sin embargo, la magnitud del respaldo no elimina los interrogantes. Varios analistas —locales y del exterior— han comenzado a plantear dudas sobre las posibles condicionalidades que acompañarían el eventual financiamiento. No ayuda el hecho de que, en el pasado, acuerdos similares hayan implicado garantías inusuales: durante la crisis mexicana de 1995, por ejemplo, el gobierno de Bill Clinton exigió a México que respaldara los préstamos del ESF con ingresos por exportaciones de petróleo de PEMEX, una opción que, claramente, no encuentra paralelo fácil en el caso argentino. Asimismo, el uso del ESF, que depende directamente del Tesoro y no requiere aprobación del Congreso, permite actuar con rapidez, pero tiene restricciones: los préstamos deben ser de corto plazo.
El respaldo norteamericano otorga aire en el corto plazo, permite estirar el “plan aguantar” hasta después de las elecciones, pero no reemplaza la necesidad de construir un programa económico más sólido y sustentable. El riesgo de complacencia existe: financiar los vencimientos de deuda en dólares de corto plazo o sostener un tipo de cambio desalineado con fondos excepcionales puede evitar una corrección urgente, pero también puede postergar los cambios de fondo. El Gobierno debería abstenerse de usar todo el capital político y los eventuales recursos que pudiera obtener fruto del respaldo norteamericano a defender un tipo de cambio que impide acumular reservas, deteriora la cuenta corriente y genera expectativas devaluatorias que afectan el empleo, la inversión y frenan o ralentizan la desinflación.
La historia económica argentina ofrece múltiples ejemplos de cómo algunos “anabólicos” —financiamiento extraordinario, pactos políticos, gestos de apoyo externo— se utilizan como paliativos cuando se agota la paciencia de los votantes y de los mercados. Son el preludio del sinceramiento, pero no su sustituto. Por eso, más allá del respaldo geopolítico y financiero, la prioridad sigue siendo la búsqueda de una mayor consistencia macroeconómica, la cual deberá provenir de la puesta en marcha de un nuevo programa económico una vez que pasen las elecciones y cualquiera sea su resultado.
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