El IPC vigente se apoya en hábitos de consumo de hace casi dos décadas, mientras que el nuevo esquema reflejaría mejor el gasto actual de los hogares y podría mostrar una inflación más alta. Para el especialista, retrasar esa actualización puede afectar la credibilidad del proceso desinflacionario y tener impacto en contratos indexados como salarios, jubilaciones o alquileres.
Secco sostiene que la medición debe priorizar transparencia y calidad estadística, ya que la confianza en los indicadores es clave para el funcionamiento económico.
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