La economía argentina está inmersa en un inmenso mar de incertidumbre. El tiempo del Gobierno parece agotarse y las decisiones tomadas por el organismo gubernamental no alcanzan al lograr su objetivo y la crisis se ahonda cada vez un poco más.
En este contexto, el pasado lunes, el Presidente del país, Mauricio Macri, anunció una serie de extensas medidas que intentarán calmar, de una vez por todas, la inestabilidad económica. Pero, indefectiblemente, esas nuevas disposiciones afectarán notablemente algunos de los principales actividades de la producción tucumana.
Desde hace un tiempo, los reintegros a las exportaciones era un tema que venían inquietando a una de las principales actividades de Tucumán: la citricultura. De hecho, de acuerdo a lo informado por La Gaceta, los productores venían haciendo gestiones ante las autoridades nacionales para recuperar parte de la rentabilidad perdida por la falta de reintegros y que implicaba una cifra millonaria. “No está claro aún acerca de cuál será el impacto; los últimos anuncios nos agarra en una situación complicada; pero sin dudas que incidirán negativamente”, le indicó a dicho medio, un referente del sector.
En la misma vereda, el nuevo impuesto a las exportaciones le quitará competitividad a actividades como la frutilla, el arándano o la palta, según reconoció el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández. “Y esto está más que claro ya que esos sectores pasarán de contar con reintegros a las exportaciones a tener retenciones”, remarcó. En el caso de los arándanos, las exportaciones están próximas. Por las heladas registradas en los últimos días, los vuelos con los cargamentos de esa producción pueden llegar a efectuarse dentro de dos semanas, de acuerdo con los cálculos oficiales. “Antes, las retenciones iban a ser redistribuidas en riquezas, mientras que ahora se las destinará para pagar deuda externa o a los acreedores foráneos”, comparó el ministro de Desarrollo Productivo.
Por su parte, la eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja implicó que Tucumán, por caso, dejara de recibir unos $ 550 millones para lo que resta de este año y otros $ 1.250 millones para el año que viene. Con esas partidas se financiaban pequeñas obras en los municipios y en las comunas del interior que, a su vez, generaban empleo local. Si bien los gobernadores insistirán ante la Nación para que, al menos, se otorgue una compensación, el plan de trabajos públicos se verá resentido durante el año electoral. De hecho, el Ministerio de Hacienda de la Nación ha proyectado para 2019 un recorte a la mitad del Gasto de Capital. Del total de gastos de la provincia, alrededor del 60% es destinado al pago de los salarios estatales.
En el programa de medidas anunciado por el Gobierno nacional con el fin de equilibrar las finanzas federales también se incluyó el traspaso de la tarifa social eléctrica a las provincias. Si bien en Tucumán no se hicieron aún cálculos acerca de cuánto significará el mantenimiento de ese beneficio, los funcionarios observan que el costo puede ser superlativo. Se toma en cuenta que el 37% del padrón de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) goza de la tarifa social. Se trata de unos 163.500 clientes residenciales.
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