Durante los últimos años llegaron varias empresas extranjeras a invertir en la provincia, particularmente en lo que hace a la actividad agrícola. La soja y el arándano fue lo que más atrajo a los foráneos a la hora de cultivar en la provincia.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), en nuestra provincia hay 80.784 hectáreas en manos de extranjeros. No es un número menor, si se toma en cuenta, por ejemplo, que esa cifra representa al doble de la superficie sembrada de cítricos en toda la provincia.
La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. En ese caso, la única localidad tucumana que estaría incumpliendo la norma, sería Cruz Alta que tiene el 16,6% de sus tierras productivas en manos de inversores foráneos.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en "offside", que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
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