Con una inflación general de 2.7% y una núcleo de 3.2%, los números de diciembre indican que la desinflación puede resultar algo más lenta de la que espera el Gobierno. Sin embargo, la decisión del Banco Central de reducir la tasa de depreciación del peso (crawling-peg) del 2% al 1% mensual, anunciada poco tiempo después del informe del Indec, es indicativa de la confianza que tienen las autoridades económicas en la continuidad de la misma.
Es de hacer notar que la condición que el propio Gobierno había planteado (mantener la inflación núcleo por debajo del 3%) no se cumplió y que, a pesar de ello, la medida se implementó. Esto sugiere que la decisión estaba predefinida, y el dato de inflación de diciembre sirvió más como contexto que como criterio determinante para implementarla. Por cierto, la novedad que trajo la inflación de diciembre fue que volvieron a caer los precios estacionales un -1.4% (después del -1.2% de noviembre), algo no usual para el último mes del año y, más en general, algo bastante infrecuente desde que existen estadísticas sobre su comportamiento: sólo cayeron en febrero de 2018 aparte de estos dos últimos meses.
¿Una apuesta calculada o un riesgo innecesario?
Reducir el ritmo de depreciación del peso puede ser interpretado como un intento por reforzar la estabilidad cambiaria, atraer flujos de capitales de corto plazo a través del carry trade, y aliviar las expectativas inflacionarias. Al mantener altas las tasas de interés en pesos, en tanto y en cuanto no se anunció ningún cambio de la tasa de política monetaria (aunque se especula con alguna reducción en los próximos días), el BCRA refuerza el atractivo de los instrumentos en moneda local, incentivando el ingreso de divisas.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos significativos. La apreciación real del peso, que ya es uno de los puntos débiles del programa económico, podría intensificarse en los próximos meses. El desafío es que la inflación, especialmente la núcleo, no muestra señales claras de converger rápidamente hacia niveles que justifiquen una tasa de depreciación tan baja. De hecho, los valores de diciembre sugieren que el margen de maniobra podría ser más estrecho de lo que las autoridades prevén. No está de más mencionar que en los próximos meses los aumentos previstos de los precios de los servicios regulados más los relacionados con la educación harán más difícil la baja del IPC.
Además, depender del arbitraje financiero como fuente de divisas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política. Si bien se pueden fortalecer temporalmente las reservas del Banco Central y mejorar la oferta en el mercado cambiario, también aumenta la vulnerabilidad ante cambios bruscos en las expectativas de los inversores. Un "sudden stop" en estos flujos podría desestabilizar el programa económico y complicar aún más la gestión del tipo de cambio.
El peso fuerte: ¿ancla o trampa?
Históricamente, las políticas que utilizan el tipo de cambio como ancla nominal han enfrentado dificultades en el mediano y largo plazo, especialmente en economías con antecedentes de alta inflación y estructuras productivas sensibles al precio relativo del dólar. El contexto actual no es una excepción.
La decisión del BCRA de priorizar una menor tasa de depreciación debe ser evaluada no solo en términos de su impacto inmediato sobre la inflación, sino también por sus implicancias sobre la competitividad de los sectores transables y la capacidad de la economía para absorber shocks externos. La historia reciente ofrece lecciones claras: políticas que sobrestiman la capacidad de sostener un tipo de cambio apreciado suelen agravar los desequilibrios estructurales y generan crisis de balanza de pagos.
Por último, en este sentido, el peso fuerte es un arma de doble filo. Si bien contribuye a contener la inflación en el corto plazo, también puede erosionar la competitividad, limitar las exportaciones y desincentivar la inversión en sectores productivos. El Gobierno y el BCRA enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia una inflación más baja sin comprometer la sostenibilidad del programa económico.
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