Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, confirmó que no habrá una nueva extensión para el decreto de congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. En su lugar, se incorporarán herramientas generadas a partir de la nueva Ley de Alquileres. Cabe destacar que el decreto que establece el congelamiento de los alquileres y la suspensión de desalojos finaliza el próximo 31 de marzo. A partir de dicha fecha, aquellos inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia de coronavirus para poder cumplir con los contratos deberán reanudar el pago de la diferencia acumulada.
“Creo que el punto principal no favorecerá al inquilino, es que se van a actualizar por montos mayores a los que históricamente se hacían. Después hay muchas cosas interesantes que sí le sirvieron al inquilino. En cuanto al blanqueo que estableció AFIP, generalmente el que tiene muchas propiedades ya lo tiene blanqueado. El que no lo tiene es la persona de clase media para abajo, que tiene su propiedad para alquilarla. Al salir a registrar, esa gente lo trasladará al precio final y afectará al inquilino”, señaló Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán.
En diálogo con nuestro medio, analizó justamente las implementaciones de las últimas normativas del Gobierno, como la Ley de Alquileres y la del registro de contratos de alquileres en la AFIP. El directivo aseguró que esta situación afectará principalmente a los inquilinos y alegó que hay otras soluciones que deberían haber sido implementadas por el Gobierno.
“Lo que tendrían que hacer es una exención de pagos, dirigido a ese segmento, para no ocasionarles gastos. Por ahí debería haber sido la ley. Hoy, como está, afecta al inquilino, porque los gastos administrativos serán trasladados al monto final de un alquiler. No tienen un pensamiento en cuanto a diseñar esa solución. Estas leyes están saliendo pensando en la recaudación impositiva, pero ponen en la misma bolsa al gran empresario que se dedica a la renta, como al individual que compró su monoambiente para ayudar a sus ingresos”, precisó Guzmán.
Desde el Gobierno aseguran que "la Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU", en referencia a la medida adoptada durante los meses de pandemia para proteger a los inquilinos.
Ferraresi reafirmó que "no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos". En cuanto a los mecanismos de ayuda para los inquilinos, el ministro señaló que cuando venza el congelamiento "podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política", y destacó la importancia de "empezar a poner en función la Ley de Alquileres".
Además, dijo que con el índice de actualización de los alquileres creado en la nueva ley "se va a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, y el Banco Central fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos".
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