Productores y comerciantes en alerta por la intención de subir impuestos a alimentos no saludables

Las conversaciones empezarán esta semana: mientras el Gobierno quiere gravar gaseosas, galletitas, snacks y otros productos que engordan, los fabricantes se quejan de la presión tributaria y dicen que lo trasladarán a precios.

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Detrás de una gaseosa, un paquete de galletitas o una bolsa de papas fritas existe un mundo inexplorado para muchos. En ese pedregoso terreno se abrirá en esta semana un debate, que enfrentará desafíos, proyectos y temores y que impactará en el futuro de la inversión -y el empleo de la poderosa industria alimenticia y en las más ambiciosas políticas de salud del Gobierno para los argentinos, pero sobre todo para los niños.

Cabe acotar que el 100% de la azúcar destinada hoy a golosinas y gaseosas es producida en la provincia de Tucumán, tanto así que una reconocida fábrica de gaseosas y la factoría más de golosinas más importante del país tienen ingenios en Tucumán para su provisión exclusiva.

El oficialismo confirmó que reunirá en los próximos días a representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Agroindustria, con el sector académico y las cámaras que nuclean a la industria de la alimentación con la idea de consensuar directrices que, “en base a información científica”, guiarán tanto la nutrición de los argentinos como así un negocio que genera millones de pesos y miles de empleos. En el sector trabajan 500.000 personas que generan exportaciones por $ 26.000 millones.

La directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Verónica Schoj, confirmó a este medio que en esa comisión específica, creada el año pasado pero sin resultados concretos tras dos encuentros, se discutirán cuatro temas: el rotulado frontal de los alimentos altos en azúcar, grasas o sodio; el marketing de los alimentos “no saludables”, la regulación de los ambientes escolares y la política fiscal “para desestimular el consumo”. La idea es tener un documento a fin de este año para, a través de una ley integral o de varios proyectos, lograr “amesetar” los números de la obesidad infantil, que afectan a 1 de cada 3 chicos.

En otra dependencia del Gobierno confirmaron a la nación que en todo el mundo se discute si “aquello que hace mal” debe tener más impuestos. El ejemplo referido en esta dependencia como en Salud fue México, que decidió subir las alícuotas a las bebidas azucaradas. “Es verosímil pensar que el oficialismo o la oposición puedan enviar un proyecto así al Congreso”, estimaron. “Igualmente, esto no implica que la carga tributaria total sea más alta para ese sector, porque todos van a salir ganando tras la reforma tributaria. Eso sí, puede ser que tengan alícuotas más altas que el agua mineral”, indicaron dejando en claro que el asunto aún no está definido.

En la industria de la alimentación afirmaron, en tanto, que no podrían soportarse más impuestos y que acciones en ese sentido implicarían precios más altos que restringirán el consumo y menor competitividad a la hora de exportar. Todo eso, afirman, será menos trabajo para los argentinos y un impacto, sobre todo, a las economías regionales.

Sin embargo, las empresas aclararon que buscan ser proactivas en mejorar la “alimentación equilibrada” y por eso firmaron el 14 de diciembre pasado un convenio marco para promoverla con el ministro de Salud, Jorge Lemus, y su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Sin embargo, esto se dio en tiempos que en que todavía estaba coordinando el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, Alberto Cormillot. Actualmente, el médico considerado un “aliado” por el sector empresarial ya no está, y la nueva interlocutora, Schoj, es considerada más dura.

“El acuerdo se basa en la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para implementar acciones tendientes a fomentar una alimentación equilibrada de la población, en el que se pueda consensuar y llevar adelante regulaciones necesarias para las metas propuestas”, explicó un comunicado de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la firmante junto a los ministros. El acuerdo justamente convocaba a trabajar la composición de los alimentos y bebidas, el rotulado, la publicidad y el marketing, y los entornos escolares. Nada decía de los impuestos.

“Estoy de acuerdo con el Presidente con que la reforma tributaria es urgente”, señaló a la nación, Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal. “Hoy, los fuertes impuestos condicionan la competitividad y el acceso al consumo. El camino empleado por México -que subió los impuestos no es el correcto. No somos los cigarrillos. La Argentina está saturada de impuestos. La tributaciones como elemento de disuasión esconden el apetito fiscal. La mejora de la vida saludable se hace con más educación”, agregó.

“La industria de alimentos y bebidas está sujeta a una alta presión tributaria global que recae sobre el sector pudiendo representar hasta 36,9% sobre la facturación”, indicó un estudio de Copal. Cada $ 100 pesos gastados en alimentos $ 40 (40,7%) son impuestos y del mismo gasto final en bebidas, casi $ 50 (46,5%) son gravámenes. Un estudio del Iaraf, en tanto, calculó que la Argentina (con un 29%) es el tercer país en el mundo con mayor carga impositiva indirecta (IVA, Ingresos Brutos e Impuestos Internos) en el rubro de bebidas detrás de Hungría (35,1%) y Finlandia (33%).

“Necesitamos reducir la obesidad, sobre todo la infantil, y el consumo de bebidas azucaradas, que son las principales contribuyentes de azúcar agregada”, indicó Schoj, que agregó que son los chicos más pobres los más malnutridos y quienes más posibilidades tienen de sufrir obesidad. “Vamos a discutir cuatro y uno de ellos es el fiscal”, indicó la especialista del Ministerio de Salud.

“Estamos muy atrasados en políticas públicas sobre este tema en la región. Los impuestos son pequeños con relación a otros países y a otros productos”, indicó Schoj, que indicó que la opción mexicana fue exitosa para disminuir el consumo de azúcar. Para la especialista, se precisa de un sistema de rotulado frontal más visible para mejorar la información, impuestos que desestimulen el consumo de azúcar, grasas, sodio (“relacionados con enfermedades como obesidad, cardiovasculares, diabetes y cáncer”), cambios en el entorno escolar (“el 80% tiene quioscos donde se venden alfajores, gaseosas o snacks y menos de 6% tienen bebederos para tomar agua”), y frenar la publicidad agresiva que “cambian los patrones de consumo de los chicos”.

Datos de 2010 de la base de datos global sobre crecimiento infantil y malnutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron que la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco años en la región de América latina con un 7,3% de prevalencia. En escolares (5 a 11 años) es del 18,9% al 36,9% y en adolescentes (12 a 19 años) es del 16,6% al 35,8%. En sintonía, los resultados de la 2° Encuesta Mundial de Salud Escolar (2012), evidenciaron que un 28,6% de los estudiantes de 13 a 15 años del país tienen exceso de peso, y el 5,9% obesidad.

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