La política fiscal del actual gobierno ha estado en el centro de su estrategia de estabilización y constituye uno de sus principales activos electorales. La velocidad con la que se alcanzó un superávit primario significativo, sin recurrir a aumentos de impuestos, ha sido uno de los aspectos más destacados del nuevo régimen económico. El eje del ajuste ha sido el gasto público, que experimentó, en 2024, una contracción real inédita del orden del 30%. Esa combinación, consolidación fiscal acelerada sin suba de la presión tributaria, constituye un fenómeno único en la historia económica argentina reciente.
El otro gran activo, la desinflación, sigue sumando buenas noticias: el dato de inflación minorista de junio (1,6%) confirmó una tendencia descendente que, más allá de posibles repuntes puntuales, como podría ocurrir en julio por el alza reciente del dólar, refuerza la narrativa oficial acerca del éxito del programa.
Sin embargo, el interrogante que se impone no es tanto sobre lo conseguido, sino sobre su durabilidad. En particular, la experiencia de los primeros meses de 2025 ha demostrado que mantener el equilibrio fiscal con una inflación en descenso es más difícil de lo que muchos anticipaban. La caída de la inflación debilita la eficacia de la "licuadora" como instrumento de ajuste y obliga a recurrir a la "motosierra", es decir, a recortes explícitos de gasto. Pero esa vía no es sencilla en un año electoral, y los márgenes disponibles para nuevos recortes son cada vez más estrechos. De hecho, en el primer semestre (según los datos publicados el miércoles), sólo el gasto en subsidios muestra una caída relevante del 47% en términos reales; el resto de los componentes del gasto muestra, por el contrario, un aumento en términos reales, el total del gasto sin intereses acumuló en el período un aumento de 4,7%, que contrasta con una caída de los ingresos reales del -1,6%.
A ello se suma otro elemento muchas veces soslayado: la evolución de la actividad económica. La desaceleración observada desde fines del año pasado limita el crecimiento de la recaudación tributaria y hace más difícil mantener el equilibrio fiscal sin nuevos recortes de gasto. Una política fiscal sustentable no puede depender indefinidamente de la contracción del gasto. Necesita también de una economía que crezca, que genere empleo y que amplíe su base imponible. De lo contrario, el orden fiscal puede volverse tan vulnerable como el ciclo económico al que está atado.
En este contexto, las iniciativas legislativas que avanzan en el Congreso, con potencial impacto fiscal negativo, introducen un nuevo factor de incertidumbre. Si todas las medidas que están siendo debatidas fueran aprobadas y quedaran firmes, el efecto fiscal podría alcanzar entre 0,8% y 1% del PIB en lo que resta del año. Un costo significativo, sobre todo si se considera que:
-Se trata de un impacto del orden de la mitad de la meta de superávit primario del año (inicialmente de 1.3% del PIB y luego aumentada a 1.6% del PIB).
-El superávit acumulado hasta ahora en 2025 es inferior al del año pasado: aproximadamente un 30% más bajo (dadas las dinámicas mencionadas en el párrafo anterior).
Sobre esta geografía, cobra relevancia el debate pendiente sobre el marco institucional que debería acompañar a la política fiscal para hacerla sustentable. El Presupuesto 2025, que incluía reglas fiscales que podrían haber ayudado a consolidar el equilibrio logrado, no fue siquiera tratado por el Congreso. Reglas de gasto claras, con objetivos verificables y mecanismos de corrección automáticos, habrían contribuido a brindar previsibilidad y a reducir la discrecionalidad. Para que el orden fiscal se convierta en una política de Estado, y no en una hazaña de coyuntura, será imprescindible no sólo que el próximo presupuesto insista con ese enfoque, sino también que resulte aprobado.
También siguen pendientes reformas más profundas. La reforma tributaria, la previsional y la revisión de las relaciones fiscales federales (la distribución de potestades de gasto y recaudación entre Nación y provincias) son tareas estructurales que el Gobierno no puede eludir indefinidamente.
En síntesis, el Gobierno ha conseguido algo notable: un ajuste fiscal rápido, sin aumento de impuestos y con resultados concretos en términos de superávit primario. Pero la sustentabilidad de ese orden depende de tres elementos aún no resueltos: la revalorización y aprobación del presupuesto, la implementación de reglas fiscales creíbles y de una agenda de reformas que permita dar sustentabilidad a los logros recientes.
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