A través de las Resoluciones 5586 y 5587, publicadas recientemente en el Boletín Oficial, la AFIP, ahora bajo la nueva denominación ARCA, ha implementado cambios significativos en el sistema aduanero. Estas medidas eliminan regulaciones que, según el nuevo enfoque, representaban un “sobrecosto” para los operadores del comercio exterior. Entre las disposiciones más destacadas, se derogaron las resoluciones 701/99 y 799/2000, que exigían la participación de veedores sectoriales en la Aduana, y se suprimieron los valores de referencia en las exportaciones.
Simplificación en los trámites aduaneros
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la eliminación de estas normativas no solo incrementará la rentabilidad del sector privado, sino que también promoverá la transparencia y reducirá la corrupción en el sector público. Además, se suma la eliminación de estampillas verdes y valores criterio, que eran usados por la Aduana para detectar maniobras irregulares como la subfacturación o sobrefacturación de importaciones.
Nuevos canales para exportación e importación
La Resolución General 5587/24 también introduce modificaciones en los controles de exportación, eliminando el Canal Rojo Valor, que imponía verificaciones adicionales a las exportaciones por debajo de los valores referenciales. Sin embargo, se mantienen los controles ex post, permitiendo a la AFIP realizar auditorías de la valuación de las mercancías una vez exportadas.
Fin de los veedores sectoriales
Los veedores, implementados desde 1999 como parte de un esfuerzo por proteger las industrias nacionales, dejarán de participar en los procesos de importación tras la derogación de la Resolución General 5586/24. Este sistema, criticado por su lentitud y los sobrecostos que generaba, será completamente desmantelado a partir de la nueva resolución.
Asimismo, se ha confirmado que la eliminación de este sistema responde a la necesidad de agilizar los procesos aduaneros y reducir los costos asociados a la importación. La norma también deja sin efecto los usuarios otorgados a las entidades sectoriales para acceder al Sistema Informático MALVINA (SIM), utilizado para monitorear los avisos de carga y verificar las importaciones.
Según el texto de la resolución, la participación de las cámaras sectoriales causaba demoras innecesarias en el procesamiento de las mercaderías. Las entidades industriales tenían que coordinar con la aduana su presencia como observadoras en los actos de verificación física de los bienes importados, lo que, en la práctica, generaba retrasos en la liberación de los productos. En muchos casos, la presencia de estas entidades no se concretaba, pero los tiempos de espera seguían afectando la fluidez del comercio exterior.
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