Los transportistas autoconvocados iniciaron ayer una medida de fuerza pero sólo en el norte del país, ya que parte de sus pares bonaerenses decidieron abortar el reclamo, visibilizando una fuerte división que existe entre los transportistas.
En la zona pampeana también se retomará la medida de fuerza interrumpida el pasado 9 de febrero lo que genera una fuerte presión sobre los dadores de carga que, fruto a su acuerdo con el gremio de Camioneros que dirigen los Moyano, han perjudicado a parte del sector de transporte.
La semana pasada, por indicación de funcionarios del Ministerio de Transporte, los representantes de la agrupación Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) se dirigieron a las oficinas porteñas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) con el propósito de intentar demostrar abuso de posición dominante por parte de los dadores de carga.
En la mesa de entradas de la CNDC, los representantes de TGA descubrieron que, al no formar parte de una organización formalmente constituida, y además resistida por el gremio formal de los Moyano, la denuncia o denuncias debían presentarse a nombre personal de cada uno de los afectados. Los transportistas se sintieron engañados porque en el Ministerio de Transporte nadie les había aclarado eso.
Sin embargo, los transportistas que trabajan en la zona de influencia de Necochea indicaron que no participarán de la medida de fuerza porque no desean entorpecer el proceso de diálogo en curso que se está llevando a cabo en el marco de una iniciativa promovida por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.
No es la primera vez que existen diferencias entre ambos grupos de transportistas: el 9 de febrero, cuando en el norte del país se decidió interrumpir la medida de fuerza, los transportistas de la zona de Necochea mantuvieron la protesta hasta el 16 de febrero al considerar que no estaban dadas las condiciones para levantarla.
El principal reclamo de los transportistas autoconvocados reside en establecer una tarifa única para fletes de granos de cumplimiento efectivo a nivel nacional. Se trata de una medida que no comprende las atribuciones del Poder Ejecutivo y que sólo podría aplicarse a través de una ley aprobada en el Congreso.
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