El resultado electoral dejó una pregunta práctica: ¿cómo convertir un triunfo en gobernabilidad aplicada? La respuesta pasa por reformas. No porque suenan bien en campaña, sino porque el programa macro necesita consolidarse, el sector privado requiere condiciones para ganar competitividad y productividad, y el crecimiento de largo plazo depende de reglas estables. Además, avanzar en un paquete nítido enviaría una señal contundente: el capital político de la elección se transforma en capacidad de ejecución. En esta etapa, la economía premia menos los slogans y más la secuencia y sus tiempos, y los textos de ley.
El Presidente volvió a encuadrar su agenda en la fórmula “orden + reformas”. El orden —planteado como prerrequisito— se apoya en un Plan de Tolerancia Cero: reforma del Código Penal, baja de la edad de imputabilidad y extensión del sistema acusatorio a todo el país. La lógica es conocida: sin enforcement, los incentivos se distorsionan y la inversión se retrae. Dicho esto, el cómo importa tanto como el qué. La aplicación del acusatorio exige coordinación federal, presupuesto y capacitación; si la implementación es dispar entre provincias, el mensaje de “orden” se vuelve heterogéneo y pierde potencia. Que la agenda institucional tenga cronograma y métricas —tiempos de trámite, tasas de resolución, cobertura territorial— sería clave para que el discurso se traduzca en resultados.
La reforma laboral parte de un diagnóstico difícil de refutar: el empleo formal lleva una década y media estancado. El presidente propone modernizar convenios colectivos, flexibilizar hacia adelante, simplificar registros, desincentivar la litigiosidad y habilitar mayor libertad contractual, incluida la posibilidad de pactar salarios íntegramente en dólares.
En términos técnicos, la actualización de convenios, sobre todo a nivel empresa o actividad, puede mejorar productividad si viene acompañada de un esquema claro de extinción del vínculo, un seguro de desempleo robusto y un procedimiento laboral uniforme que acote la incertidumbre. En paralelo, la “industria del juicio” no se corrige por decreto: requiere precisiones sobre responsabilidades solidarias, plazos y criterios periciales. ¿Y los salarios en moneda extranjera? Son posibles, pero necesitan reglas contables y tributarias claras para aportes e indemnizaciones; no sustituyen la estabilidad macro, la complementan. El riesgo, como siempre, es el maximalismo: un texto “de todo o nada” puede trabarse en el Congreso o en la Justicia; una ley marco, con procedimientos y capítulos secuenciados, tiene más chances de prosperar y de mover la aguja del empleo.
La reforma tributaria apunta a simplificar y bajar carga: eliminación de unos veinte tributos de baja recaudación y alto costo, rediseño de Ganancias para personas humanas —más deducciones, base más amplia— e incentivos a la formalización. La clave es la neutralidad fiscal en el corto plazo: cómo sostener el resultado primario mientras se alivian las distorsiones. El camino razonable combina calendario de eliminación, estimación ex-ante del impacto por tributo y cláusula de compensación automática: toda baja debe acompañarse de una fuente cierta de financiamiento o de recorte equivalente. Allí también hay un componente federal ineludible: la coordinación con provincias para que la simplificación no choque con la coparticipación ni se licúe en cascada de tasas locales.
En la apertura comercial, la expectativa pública suele ir más rápido que la realidad. El discurso presidencial empuja “más integración con Estados Unidos”. En el corto plazo, lo verosímil no es un tratado amplio sino una agenda micro: homologaciones regulatorias, facilitación aduanera, ventanilla única, acuerdos sectoriales en energía, agroindustria y economía del conocimiento. Son pasos menos épicos, pero con impacto concreto en exportaciones e inversión. Prometer menos y cumplir más en plazos verificables suele rendir mejor que anunciar lo que exige negociaciones largas y mayorías parlamentarias en ambos países.
Todo lo anterior vive y muere por la secuencia política. La victoria abre una oportunidad para trabajar con sectores moderados en torno a un paquete acotado y verificable, convocar a extraordinarias con Presupuesto y reformas, y entrar a 2026 con media sanción —o sanción— de las piezas troncales. Ese sería el mensaje más potente: el programa no es un acto de fe, es una hoja de ruta con mayorías detrás. También es el antídoto más efectivo contra el riesgo de que la agenda vuelva a ordenarse alrededor de escándalos o ruidos judiciales.
En síntesis, el “día después” no es una consigna: es una hoja de ruta. El programa macro necesita reformas para consolidarse; las empresas, para competir e invertir; y el país, para crecer. Si el Gobierno convierte el capital político reciente en capacidad de trámite —con prioridades claras, secuencia y ampliación táctica de apoyos—, la estabilidad deja de depender de un tuit o de un rally y empieza a descansar en reglas. Ahí es donde una elección ganada se transforma en política económica que dura.
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