La aprobación de una nueva Ley de Biocombustibles no colmó las expectativas de todos los sectores productivos involucrados. De hecho, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor) expresó su disconformidad al respecto. A través de un comunicado, la entidad dejó firme su postura sobre este tema.
“En relación a las últimas modificaciones realizadas por el Poder Legislativo nacional en materia de biocombustibles expresamos nuestra disconformidad con los cambios introducidos. La disminución en las cuotas de participación de combustibles renovables, sobre todo en el biodiesel, el cual bajó de 10% de participación a un 5%, (con posibilidades de que el Ejecutivo lo baje a un 3 %), atenta no solo contra el medio ambiente, desalentando la producción y consumo de energías no contaminantes, sino también contra la generación de valor agregado en origen”, señaló el organismo.
Asimismo, especificó que “esos granos que se utilizaban para producir biodiesel, ahora pasarán seguramente a exportarse como poroto de soja, generando aumento de la capacidad ociosa en la industria que apostó a los biocombustibles”. Para Apronor, esta situación generará la “pérdida de fuentes de trabajo”. La entidad cuestionó que “seguimos ahuyentando inversores con los continuos y sistemáticos cambios en las reglas de juego”.
“Como tucumanos no debemos mirarnos el ombligo y conformarnos con que esta ley mantiene en principio la cuota de participación de etanol en naftas (también le confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de bajar al 9% la cuota). Nos preocupa que industriales locales y nuestro Ministro de Desarrollo Productivo celebren este retroceso en materia medioambiental”, expresó la entidad.
Para el organismo, “la gravedad es mayor de lo que parece, ya que el gasoil es el combustible que se utiliza por excelencia en la producción agropecuaria”, además de en el transporte automotor como ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas, de modo tal que su consumo representa un valor muy superior al de las naftas”. “Esta norma pasa a formar parte de la larga lista de medidas desacertadas que atentan contra la producción, la generación de empleo y la sustentabilidad”, concluyó Apronor.
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